Exigen a presidente de Colombia reconocer crímenes de Estado

Cepeda recuerda en carta abierta dirigida al mandatario la responsabilidad directa de varios gobiernos por la muerte de miles de ciudadanos, pero destaca el conocido Genocidio de la Unión Patriótica (UP) y los llamados falsos positivos, cuya cifra fue elevada a más de seis mil tras investigaciones recientes de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

El Genocidio de la UP hace referencia al asesinato durante las décadas de 1980 y 1990 de más de tres mil desmovilizados de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que en la vida civil se nuclearon en ese partido. Por otra parte, falsos positivos es el término empleado para referirse a los civiles ultimados por militares y reportados como combatientes enemigos para justificar sus muertes en el contexto del conflicto interno que enfrentó al Estado con organizaciones guerrilleras, paramilitares y delincuenciales.

‘Ha llegado el momento de que usted reconozca a las víctimas de crímenes de Estado’, expresa Cepeda a Duque en la misiva, y seguidamente lo apremia a pedir perdón a las víctimas y sus familiares, sin importar que así comprometa a su mentor político, el expresidente Álvaro Uribe.

Uribe encabezó el gobierno colombiano de 2002 a 2010, periodo en el cual según la investigación de la JEP fueron registrados los seis mil 402 falsos positivos, en cambio, aplaudió la efectividad de los militares en la lucha contra la insurgencia bajo su política conocida como seguridad democrática y minimizó el impacto de esas muertes.

La cifra, señala el legislador, significa que durante seis años de los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez ‘cada dos días un joven fue arrebatado de su hogar para ser manipulado, disfrazado y vilmente asesinado como parte de esta estrategia’.

Cepeda, legislador por el partido Polo Democrático, recuerda en su texto que Uribe desconoció los crímenes que comprometían al gobierno y la relación de este con el paramilitarismo.

Duque es considerado por el senador un continuador de las políticas de Uribe por negarse a reconocer los crímenes de Estado referidos y en consecuencia condenarlos.

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